El TLC y la institucionalidad

Uno de los efectos más importantes que conlleva la suscripción de un acuerdo comercial es el fortalecimiento institucional y del Estado de Derecho en la política comercial de los países. Por una parte, en las relaciones entre los países, por otra en el manejo interno de los instrumentos de la política comercial y, en tercer lugar, en el quehacer de la administración pública, en general.

En las relaciones entre los países, en la medida en que pasar de un esquema de preferencias unilateral, inestable y sujeto a presiones políticas internas -como el de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe vigente-a un esquema regulado por normas claras y precisas, que han sido negociadas por los países y que cuentan con un mecanismo ágil y efectivo para la solución de las diferencias, es un paso fundamental en la relación comercial con cualquier país, particularmente cuando se trata de un socio comercial poderoso, tanto en lo económico como en lo político.

En el manejo interno de los instrumentos de política comercial, en la medida en que estos acuerdos vienen a reforzar el marco jurídico a que están sometidos los funcionarios públicos encargados de aplicar las regulaciones comerciales, que se origina en un acuerdo internacional pero que, automáticamente y de conformidad con nuestro régimen constitucional, pasa a formar parte del ordenamiento jurídico interno. Ello, en la medida en que los obliga a una mayor transparencia, a respetar estándares y requisitos más estrictos, y a cumplir con los procedimientos establecidos antes de tomar una decisión. En otras palabras, un acuerdo de esta naturaleza ayuda a que las decisiones y acciones del Estado tengan una motivación fáctica real, una justificación técnica y jurídica adecuada, y que su objetivo sea efectivamente satisfacer el interés público. Se convierte, así, en una garantía adicional para todos los ciudadanos porque nos protege de acciones arbitrarias o que solo pretenden responder a los intereses de los grupos de presión organizados.

     Un TLC también nos obliga a fortalecer nuestras instituciones. No nos podemos quedar solo con normas y procedimientos que nadie sabe o puede aplicar. Es necesario mejorar los órganos públicos encargados de aplicar los instrumentos de política comercial. Se trata de que los funcionarios públicos tengan el conocimiento, las destrezas y los recursos para aplicar en una forma efectiva, oportuna y correcta la normativa vigente, ya sea que se trate de materia aduanera, de prácticas de comercio desleal, de la imposición de salvaguardias o de las regulaciones para promoverla