Declaración Introductoria
del Representante de Costa Rica 1/

Reunión del Organo de Examen

De las Políticas Comerciales

12 de julio, 1995

Muchas gracias, señor Presidente.

En nombre del Gobierno de Costa Rica me complace estar el día de hoy aquí para presentar a Ustedes los rasgos más importantes de la política comercial de nuestro país. Es Costa Rica uno de los primeros Miembros que serán objeto de examen bajo la óptica de las nuevas reglas y disciplinas resultantes de la Ronda Uruguay, lo cual ha significado un esfuerzo importante para todos los que hemos participado en este proceso.

No quisiera comenzar mi presentación sin antes expresar nuestro agradecimiento a la Secretaría de la OMC por la preparación de un informe preciso y completo bajo el marco de los nuevos acuerdos, así como a los distinguidos ponentes por sus valiosos aportes a esta discusión y a todas aquellas delegaciones que nos han presentado sus preguntas y comentarios con antelación. También quiero agradecer, señor Presidente, la comprensión mostrada cuando nuestra Delegación debió solicitar la postergación de esta reunión, debido a razones estrictamente personales, que me afectaban directamente.

Costa Rica es uno de los países de relativa reciente adhesión al GATT, ahora OMC, habiéndose incorporado al mismo en noviembre de 1990. Visto en perspectiva, mucho ha pasado en el país desde ese entonces, aun cuando es posible afirmar que la gran mayoría de estos desarrollos se orientan en una misma dirección.

Nuestro país reconoció hace muchos años que el comercio y el intercambio con el mundo constituyen el motor de su pequeña y abierta economía. En efecto, nuestro tamaño y nuestra escasa dotación de recursos naturales y de población ha determinado que nuestra principal fuente de riqueza y crecimiento se encuentre en la exportación y en la importación. No es casual, entonces, que el país haya adoptado y continúe adoptando gran cantidad de acciones y medidas tendientes a promover una mayor liberalización del comercio que le permita, por una parte, producir en términos competitivos y eficientes para la exportación, y, por otra, abrir nuevos espacios para las importaciones. Una medida del éxito de esas políticas es que hoy en día el comercio de bienes y servicios representa más del 90% del PIB.

Es así, entonces, que durante la primera mitad de la década de los noventa gran cantidad de medidas se han adoptado para promover una mayor y constante liberalización del comercio, una importante desregulación de la economía y la reducción de la participación directa del Estado en la gestión económica. Dentro de ese contexto, destacan acciones como la reducción de los aranceles máximos aplicados en un 100%, al con ligeras excepciones, de un techo del 40% al 20%; eliminación de toda licencia y permiso previo de importación; eliminación de las sobretasas y depósitos previos a la importación; eliminación de los subsidios a la producción; apertura total de la cuenta de capitales; y la privatización de numerosas empresas estatales.

Diversos instrumentos se han utilizado para propiciar la reforma en gran cantidad de áreas, incluyendo la decisión unilateral del país de promover una mayor apertura; el apoyo en un nuevo proceso de integración económica centroamericano, orientado hoy no a proteger los mercados locales, sino a brindar una plataforma para la integración con el mundo; la búsqueda de nuevas opciones, como lo fue la suscripción del Tratado de libre Comercio entre Costa Rica y México, que entró en vigencia el pasado 1 de enero; y, por supuesto, los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay, por cuyo cumplimiento se han adoptado cambios muy significativos.

Todos estos esfuerzos de reforma se venían realizando, sin embargo, ignorando ciertos problemas estructurales que periódica y constantemente afectaban nuestro balance macroeconómico, siendo el principal de ellos el del déficit fiscal, generado, esencialmente, por el problema de la deuda interna, el desfinanciamiento del sistema de. pensiones y el tamaño de la planilla estatal. Esta problemática se convirtió ya en algo insostenible durante el año 1994, afectando seriamente la competitividad del país y amenazando con dañar significativamente todos los avances alcanzados durante la última década. Es por esa razón que el Gobierno de la República tomó la decisión de atacar de una vez por todas las causas del problema, promoviendo profundos cambios estructurales que permitan el saneamiento sostenido de las finanzas públicas.

Así, señor Presidente, durante los últimos meses, el Gobierno se ha dedicado intensamente a buscar el consenso político necesario para realizar una transformación sustancial del Estado, eliminar los disparadores del déficit fiscal y diseñar un esquema tributario más justo y eficiente. Ese esfuerzo del Gobierno ha redundado en un acuerdo político entre los principales partidos que ha arrojado impresionantes resultados.

En consonancia con lo anterior, nuestra Asamblea Legislativa recientemente aprobó en primer debate la Ley de Justicia Tributaria, mediante la cual se crea, por primera vez en la historia de nuestro país, el delito fiscal y se le otorga a la administración tributara mecanismos efectivos para el cobro de los impuestos. Actualmente esta ley se encuentra en consulta ante la Sala Constitucional de donde regresará al Congreso para su aprobación final en este mismo mes. La Asamblea Legislativa también rindió ya dictamen afirmativo respecto del proyecto de la nueva Ley General de Aduanas, mediante la cual se simplifican los procedimientos y se hacen más eficientes las aduanas. Se espera que este proyecto se convierta en ley muy próximamente.

Más importante aún, nos complace anunciar que el fin de semana anterior la Asamblea Legislativa aprobó una reforma integral a los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional. Esta reforma, cuya redacción final fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso el tres de julio pasado, eliminará las pérdidas generadas por estos regímenes, las cuales contribuyeron en una cuarta parte al déficit fiscal del año 1994 y amenazaban con constituirse en un peligroso factor de desestabilización para los años venideros.

De conformidad con el acuerdo político nacional antes mencionado, se espera también que durante este mes se apruebe la legislación mediante la cual se privatiza la Fábrica Nacional de Licores y se rompe el monopolio en la fábticaci6n de alcohol, así tomo las reformas al sistema financiero, por medio de las cuales se eliminará el monopolio de los bancos estatales sobre las cuentas corrientes y el redescuento y se fortalecerá la independencia del Banco Central. Además, se acaba de promulgar una nueva Ley de Inquilinato mediante la que se desregulan los contratos de arrendamiento de viviendas y locales comerciales. Asimismo, próximamente se creará y dotará de autonomía a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos con el fin de despolitizar los mecanismos de fijación de las tarifas de dichos servicios.

Además, para el mes de agosto se espera que la Asamblea Legislativa apruebe una enmienda constitucional que garantice que las finanzas públicas operen equilibradamente, quedando prohibidos, como norma general, los déficits fiscales que superen el 1 % del PIB. En ese mismo mes se aprobaría la Ley de Ajuste Tributario mediante la cual se incrementa el impuesto de ventas y se crea un impuesto sobre los activos. El Gobierno se ha comprometido públicamente ante el país -y lo reiteramos en este foro- a que el aumento temporal en el arancel de importación que nos hemos vistos obligados a hacer, será rescindido con la entrada en vigencia de las citadas reformas.

Al mismo tiempo, hemos entrado de lleno en un profundo y acelerado proceso de transformación estatal. El programa de movilidad laboral voluntaria puesto en vigor a partir del primero de mayo pasado ha logrado que a la fecha se haya aprobado una disminución de plazas equivalente al 50% de la meta fijada para el presente año, que es de ocho mil puestos. El Poder Ejecutivo ha acordado, además, el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía cuyas funciones serán asumidas por el Ministerio de Seguridad Pública, el del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y el de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal. Las funciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el cual también ha sido cerrado, serán asumidas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, mientras que el Centro para la Promoción de las Exportaciones, el Consejo Nacional de Inversiones y la Corporación de la Zona Franca de Exportación se cerrarán para refundir sus funciones en una agencia más pequeña y eficiente. Además, hace dos semanas el gobierno acordó el cese de operaciones del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), el cual empleaba aproximadamente 1.150 trabajadores, dejando pérdidas de más de mil trescientos millones de colones anuales. Por su parte, el Estado dejará de tener injerencia en el Instituto de Fomento Cooperativo, el Instituto del Café, la Oficina Nacional del Arroz, la Corporación Bananera Nacional, la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar y en la Junta del Tabaco.

Simultáneamente, ha habido sustanciales restructuraciones en el Ministerio de Planificación y Política Económica, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el Ministerio de Hacienda, en el Consejo Nacional de la Producción y en el Banco Hipotecario de la Vivienda. Es la intención del Gobierno continuar aceleradamente en este proceso de reforma integral del Estado.

Los cambios que se han realizado y los que quedan por hacer no son sencillos, sobre todo porque el país siempre ha tenido como meta el mantenimiento de sus programas sociales, particularmente el campo de la educación y la salud. En efecto, Costa Rica se ha enorgullecido siempre de que, no obstante ser un país en vías de desarrollo, con ingresos per cápita que apenas superan los $2.000, ostenta indicadores sociales propios de los países desarrollados, como por ejemplo, una expectativa de vida superior a los 75 años, una mortalidad infantil de 14 por 1000, un alfabetismo del 93.2%, un sistema de seguridad social que cubre a la totalidad de la población, acceso a servicios de agua potable y de saneamiento de vías para el 90% de la población, etc., indicadores todos que dentro de los países en desarrollo han colocado a Costa Rica en el segundo lugar del índice de desarrollo humano elaborado por las Naciones Unidas. Además, cada día con mayor énfasis, la protección del medio ambiente y la búsqueda de alternativas de desarrollo sostenible constituyen objetivos de primordial importancia a los que el país no va a renunciar, ni aun frente a las medidas de reforma que hayan de adoptarse en el campo económico.

Todas las medidas que se adoptan son y serán, también, congruentes con las reglas y disciplinas acordadas en el marco multilateral. Los principios de no discriminación y de transparencia son el fundamento de nuestra política comercial. Costa Rica cree firmemente en el fortalecimiento de un sistema multilateral, basado cada vez más en normas claras, y por ello contribuimos también, en la medida de nuestras posibilidades, con el fin de lograr ese objetivo. En nuestro poco tiempo de pertenecer al GATT hemos acudido al mecanismo de solución de controversias en dos ocasiones como accionante y en una como tercera parte interesada, en defensa de nuestros intereses comerciales. Nuestro Congreso aprobó en tiempo y por unanimidad – lo que no es usual, ni mucho menos- el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial de Comercio, entrando éste en vigencia para el país el 1 de enero pasado. Vale resaltar que en este proceso el Gobierno ha contado con el fuerte respaldo de la comunidad empresarial y demás sectores.

Estamos convencidos, de que los cambios promovidos, por el, Gobierno servirán para insertar nuestra economía en los mercados internacionales y son ellos, señor Presidente, prueba fehaciente del serio compromiso que tenemos con el sistema multilateral y el libre comercio.

1/ La declaración fue presentada por el Viceministro Francisco Chacón, quien encabezó la delegación que representó a nuestro país en esta ocasión.